05-07-2022

La causa de las cooperativas suma sospechas por operaciones por 60 millones y la compra de una clínica

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El entramado societario alrededor de las cooperativas a las que el municipio de Quilmes y su intendenta Mayra Mendoza les concedió contratos por 535 millones de pesos, es cada vez más amplio y la justicia federal pone bajo la  lupa más operaciones millonarias: ahora analiza la adquisición de una clínica y el movimiento de más de 60 millones de pesos. Así lo informó la periodista Lucía Salinas en Clarín.

 Las operaciones fueron detectadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y pone en el eje de las mismas a Martín Bordalejo, socio de un ex funcionario del municipio, pero además imputado por sus vínculos con las cooperativas y la constitución de firmas offshore, según lo publicado.

En el marco de la investigación a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, se reconstruyó un primer mapeo de operaciones financieras entre ex funcionarios y empresarios proveedores del municipio a cargo de Mayra Mendoza. Esa trazabilidad inicial se realizó en base a dos voluminosos informes de la AFIP y de la UIF.

Un conjunto de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) alertaron al organismo antilavado. A eso se sumaron préstamos entre los imputados y con las cooperativas bajo investigación, que para la justicia expone “un complejo entramado que expone posibles maniobras de lavado de dinero y por eso se busca confundir el recorrido de esos movimientos de dinero”, indicaron fuentes judiciales citadas por Clarín.

Para los investigadores, estamos ante “una trama que involucra a exfuncionarios del Municipio de Quilmes, quienes son parte o tienen control sobre cooperativas de trabajo que fueron beneficiadas con contrataciones por parte de la administración Mendoza”. Así lo informó el matutino porteño.

La cifra inicial bajo investigación es de 535 millones de pesos. Pero la justicia comenzó a observar que el dinero podría ser ampliamente superior.

No todo se circunscribe a los contratos para mantenimiento de los espacios públicos y recolección de residuos por parte de las cooperativas bajo sospecha de ser usadas para el presunto desvío de fondos públicos. Según la noticia los datos de sus dirigentes se entrelazan con quienes integran otras sociedades, con la firma de de acuerdos comerciales, y a su vez con empresarios que figuran como proveedores de la Municipalidad de Quilmes tanto de forma directa como por intermedio de sus compañías.

A esa red de nombres y empresas, ahora se sumó otro dato reflejado en un informe de la UIF: la compra de una clínica en Quilmes, donde una de las operaciones supera los 60 millones de pesos. Como parte del dinero aportado para dicha adquisición figura -según la información de Clarín- Martín Bordalejo, ex empleado de Quilmes y socio del ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa. Ambos comparten diversos emprendimientos, como las firmas Canton Tower Gestiones Integrales y JD Vitruvio. Sobre ambas firmas la justicia pidió información societaria como financiera.