07-05-2024

Encarcelan a tres “chocolates” de zona sur que cobraban comisiones de los planes sociales

Tweet

La jueza Alejandra Provítola procesó con prisión preventiva a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio. En la investigación intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Marcela Sánchez.

Los tres "chocolates" son José Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Gil, quienes cobraban las tarjetas de débito de por lo menos 20 personas carencias vinculadas a "Barrios de Pie" y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes. Así se informó en el fiscales.gob.ar, el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La denominación “chocolate” viene por el apodo del detenido Julio Rigau, quien es un puntero del massismo de La Plata. También usaban la modalidad de cobrar sueldos de empleados de la Legislatura bonaerense.

La investigación de los “chocolates” de la zona sur del conurbano se inició en diciembre de 2019 cuando un oficial -que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Callo al 100- advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros automáticos y efectuaban varias operaciones. Para ello, utilizaban diversas tarjetas bancarias.

Ante la sospecha de que se tratara de plásticos sustraídos o clonados, el policía procedió a identificar a los dos hombres y a determinar si las tarjetas estaban a su nombre. Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021 la jueza procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”.

En ese marco, y con el fin de profundizar la pesquisa ante la eventual comisión de otros delitos, la fiscalía logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa.

Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

A través de la organización, los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas “Argentina Trabaja” y -luego renombrado- “Potenciar Trabajo”, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos 3.000.000 pesos.

La maniobra desarrollada por los imputados consistía en simular que tenía injerencia en el otorgamiento, permanencia o quita de beneficios sociales. Así, hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y, una vez verificado que se les había concedido, les exigían el 50% o un porcentaje menor del subsidio. Las personas damnificadas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus correspondientes claves de acceso, para que efectuaran las extracciones.

También, las víctimas eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa en la que se los inscribía, a captar nuevas víctimas o a asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban esas cooperativas.

Ahora, en base a las pruebas recabadas por la fiscalía, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de los tres hombres como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión”.

Además, determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica", dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que se les instalara los respectivos dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento.

La jueza también dictó el embargo de los bienes de los tres imputados hasta cubrir la suma de $1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados, según se informó desde el Ministerio Público.