03-11-2025
Denuncian penalmente a Kicillof por la crisis en IOMA

El conflicto por el manejo del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) escaló de los despachos políticos a los tribunales federales. El abogado y concejal de Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, presentó una denuncia penal contra el titular del organismo, Homero Giles, y contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quienes acusa de comandar una estructura estatal que habría sido desviada de su misión original para convertirse -según su planteo- en una herramienta política y administrativa irregular.
La acusación apunta a un abanico de delitos contra la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y asociación ilícita. Para Mazzeo, el IOMA -que maneja un presupuesto superior a los $188 mil millones anuales- habría sido “capturado políticamente” y convertido en “caja de propaganda”, lo que habría deteriorado de forma crítica la prestación médica en la provincia.
El denunciante asegura que el sistema atraviesa un “colapso sanitario”, afectado por atrasos en pagos a prestadores y suspensión de tratamientos sensibles. Menciona reclamos de entidades médicas como FEMEBA, FENECON y FREMEBO, y señala la interrupción de terapias oncológicas, entrega de prótesis y medicamentos para pacientes crónicos. Esa situación, sostiene, implicaría una “violación sistemática del derecho a la salud”.
Otro eje de la denuncia apunta a la supuesta afiliación compulsiva de trabajadores municipales y estatales, presuntamente obligados a permanecer en IOMA aun contra su voluntad. El planteo habla de una “extorsión institucional” que restringiría la libertad de elección del sistema sanitario. A ello se suma la acusación de una “intermediación privada ilícita” atribuida a la asociación ACEAPP, vinculada —según el escrito— a la empresaria Silvina Fontana y a la firma RM Salud S.R.L., con un posible conflicto de intereses en el manejo de fondos.
También se apunta a la falta de rendición de cuentas por parte de Homero Giles, quien, de acuerdo con la denuncia, habría evitado responder pedidos formales de legisladores bonaerenses para explicar la situación del instituto. La responsabilidad de control, insiste Mazzeo, también recae sobre Axel Kicillof, acusado de no supervisar ni corregir presuntas irregularidades dentro de su estructura de gobierno.
La presentación judicial, radicada en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, solicita la apertura inmediata de una investigación, el congelamiento preventivo de fondos, allanamientos en dependencias oficiales y entidades privadas vinculadas al caso, y la incautación de documentación. El concejal pidió además ser reconocido como parte querellante mientras el expediente avanza en el fuero federal.
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